La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de cancelar el convenio con la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país ha generado una grave crisis institucional. La decisión de Morales ha supuesto la expulsión del funcionariado de la Comisión, lo que supone la desprotección para el equipo de profesionales que estaban trabajando en el país. Por otra parte, significa la interrupción de las investigaciones que se estaban llevando a cabo frente a la impunidad y la corrupción. La salida de la Comisión de Guatemala supone también una amenaza al conjunto de la comunidad internacional con presencia en el país.

Esta decisión genera una situación de conflicto institucional tras la resolución de la Corte Constitucional de reconocer la continuidad del mandato del organismo internacional de Naciones Unidas y una ruptura con los compromisos adquiridos con Naciones Unidas como resultado de
los Acuerdos de Paz.

Ante tal situación y en sintonía con lo solicitado por la red de ONG internacionales con presencia en Guatemala, hemos enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, solicitando un pronunciamiento del gobierno español en el que apoyo explícitamente a la Comisión, sus trabajadores y trabajadoras, y a su mandato. Solicitamos también que se recuerde al gobierno de Guatemala que debe respetar las reglas del juego del Estado de Derecho, y frenar el avance hacia una ruptura institucional y democrática del país.

Confiamos en que el gobierno español alerta al gobierno guatemalteco sobre la necesidad de acabar con esta situación y frenar los obstáculos a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

(Foto: Edwin Bercián | EFE)

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