Con motivo de la celebración del encuentro Islas Encendidas de Quorum Global  en Málaga en octubre, desde La Marea se publicarán una serie de artículos. Hoy escribe Ruth de Frutos.

 

Quórum. ‘Número de individuos necesario
para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos

 

María Moliner (1900-1981) no estaría de acuerdo con la definición que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Académica otorga al concepto “Quórum”. La intelectual, que dedicó toda la vida a dar significado a las palabras, era tan meticulosa, que se esmeró en retorcer los significantes para que se aproximasen al máximo a su esencia.

Esta precisamente es la obsesión del Quórum Global, una iniciativa transversal que entre los días 19 y 21 de octubre reunirá a personas, colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales de todo el país (ONG) en Málaga para debatir sobre los principales retos a los que se enfrenta la ciudadanía en la actualidad, intentando tejer las redes invisibles que se establezcan de manera estable entre las distintas luchas, entre las diversas islas, como las denominan las organizadoras.

La fecha, como la obsesión de la bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa, no es baladí. Este año se cumple el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que tuvo mucho que ver otra mujer, en este caso estadounidense. Con toda la distancia política que las separó, Eleanor Roosevelt (1884-1962) también perseveró en su lucha particular, sosteniendo con fuerza esa “carta magna de la humanidad”, como la definió, y que tanto le costó consensuar. Menos conocida es la Declaración de Naciones Unidas sobre Personas Defensoras, que también cumple 20 años durante 2018.

Mordazas de los cuerpos-territorio

Tal vez María Moliner o Eleanor Roosevelt serían amenazadas si realizasen la labor por la que se convirtieron en personajes públicos en la actualidad. Pese a la importancia histórica de los acuerdos internacionales, personas comunes, abogadas, raperas, sindicalistas, intelectuales, titiriteras, activistas, lideresas comunitarias, periodistas o defensoras medioambientales siguen sufriendo agresiones por reconquistar nuestros derechos y promover nuestras libertades.

Las leyes mordaza se han reproducido en los últimos años bajo el velo opaco de la seguridad. Rusia, Reino Unido, Italia, Honduras o España han generado modificaciones legislativas en su código penal o creado leyes para silenciar a la ciudadanía crítica. Tres años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, tanto esta como la aplicación del artículo 578 sigue generando un “efecto desmovilizador y las restricciones a la libertad de expresión que está provocando”, según denuncia Amnistía Internacional.

En España, los progresos tangibles en materia de igualdad de género de las últimas décadas no han impedido que La Manada salga en libertad provisional a la espera de sentencia firme, tras dos años en prisión preventiva y una fianza de 6.000 euros. La implementación de forma inmediata de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra violencia de género que se aprobaron en septiembre de 2017 y la eliminación de las barreras al acceso a la justicia para las víctimas fueron algunas de las demandas en las calles cuando se conoció la condena en abril. Estas se repitieron el 21 y 22 de julio, cuando de Pamplona a Málaga y de Madrid a Barcelona la otra manada, la feminista, salió a las calles para demandar la lucha contra la impunidad en un país somos víctimas de una justicia sin formación.

Estas otras manadas han salido a las calles en todo el mundo. Del #YoSíTeCreo al #MeToo, de las celebraciones por la legalización del aborto de Irlanda a las de Argentina, donde los pañuelos inmaculados de las madres y abuelas de Plaza de Mayo se teñían de verde por la demanda de sus nietas sobre sus derechos sexuales y reproductivos y conseguían un hito histórico en el país de los 30.000 desaparecidos.

Luchas de cuerpos-territorios que se entrelazan con las reivindicaciones medioambientales. Las defensoras de derechos humanos latinoamericanas y africanas llevan años demandando el papel de los cuidados como parte fundamental de su esfera privada, pero también de su posicionamiento público de demanda de espacios comunes, verdes y comunitarios libres de megaproyectos extractivistas que atentan contra la tierra, el territorio y el medioambiente.

Estas conexiones también suceden en España, donde el derecho a la ciudad ha generado convergencias entre cafés y movimientos feministas y luchas ecologistas. Un ejemplo claro ha sido Málaga No Se Vende, un movimiento que, como en Madrid o Barcelona, ha aglutinado a más de veinte luchas locales que no dialogaban entre sí.

Playas vírgenes de las islas

Entre las luchas sociales que se visibilizaron conjuntamente en la manifestación del 12 de mayo de 2018 en la capital malagueña destacó la del Arraijanal. La única playa virgen de la capital de la Costa del Sol está siendo amenazada por un proyecto deportivo y especulativo, aniquilando no solo a la fauna y la flora autóctona, sino amenazando los restos arqueológicos de gran valor que se encuentran en la zona.

Garantizar el derecho fundamental a la vivienda sobre la especulación inmobiliaria es otra de las demandas de muchas de las asociaciones vecinales, Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicatos de Inquilinas que, en los últimos años, se han expandido por todo el Estado español consiguiendo la movilización de personas, avances y reconocimientos importantes. Entre ellos, destaca por su novedad la petición del Ayuntamiento de Barcelona a la plataforma online Airbnb de retirada de todos los alquileres irregulares publicados en su web.

La protección de los derechos y servicios públicos, como la educación o la sanidad es una obligación de las instituciones del Estado han mermado durante demasiado tiempo. Amnistía Internacional alerta además de “los terribles efectos que las medidas de austeridad regresivas han tenido en materia de salud y vivienda” en España. Una de las primeras medidas del Gobierno socialista ha sido garantizar la universalidad de la atención sanitaria, lo que había sido limitado por el Partido Popular y que afectaba directamente a las personas en movimiento (refugiadas, migrantes y desplazadas).

La peligrosa llegada a la isla

El flujo migratorio actual constituye el mayor desplazamiento de población desde la segunda guerra mundial, según el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 68,5 millones personas han tenido que huir de sus hogares de origen buscando una vida mejor como consecuencia de la persecución, los conflictos o la violencia generalizada.

31.120 personas demandaron protección internacional en 2017 en nuestro país, convirtiéndose por primera vez en uno de los seis de la Unión Europea con más solicitudes. Sin embargo, solo se concedieron estatutos de refugiados a 595 personas –dato que, como denuncia CEAR en su último informe, es el dato más bajo desde 1994, durante la guerra de la ex Yugoslavia–. Además, el porcentaje de resoluciones positivas de estatuto de refugiado y protección subsidiaria bajó al 35% en 2017, en comparación con el 67% en 2016.

Estas cifras han generado un endurecimiento de las medidas adoptadas por Europa, que están provocando un freno en las solicitudes de asilo. De particular interés son las regulaciones de “rechazo en frontera” del Estado español en Ceuta y Melilla –declaradas ilegales el 3 de octubre de 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, las medidas en Bulgaria y Turquía, la fortificación de las fronteras en Austria –que será presidenta de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2018-, Bulgaria, Estonia, Hungría, Macedonia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania o Eslovenia.

En un contexto internacional fuertemente influenciado por las políticas antiterroristas y el cierre de fronteras, el acuerdo de Turquía y la Unión Europea firmado en marzo de 2016, conocido como “el tratado de la vergüenza”, que cierra de facto, la ruta migratoria de los Balcanes y obliga a la población en movimiento a transitar un itinerario más peligroso: el de África del Norte.

España es Frontera Sur europea y, como tal, tiene que abordar con corresponsabilidad los retos en materia de derechos humanos. Retos que se entrelazarán mediante personas, movimientos sociales y ONG en la celebración de Quorum Global, los días 19, 20 y 21 de octubre en Málaga. Hasta ese momento, seguiremos componiendo colectivamente ese cuerpo deliberante que tomará acuerdos, con la misma persistencia con la que Eleanor Roosevelt sostenía la Declaración Universal el 10 de diciembre de 1948 o con la que María Moliner confeccionaba anotaciones sobre los vocablos.

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