La Coordinadora pide al Gobierno nicaragüense el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo – España expresa su profundo pesar y preocupación por la violencia y violación de derechos humanos en Nicaragua, un país al que nos sentimos muy unidas tras décadas de solidaridad, de cooperación y de aprendizajes en común.

Las protestas comenzaron el pasado 18 de abril para exigir la derogación de la reforma de la Seguridad Social. A día a hoy exigen mayor democracia, el regreso a un Estado de derecho y la no violación de los derechos humanos.

Según cifras documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción represiva del Estado había producido hasta el 19 de junio de 2018 al menos 212 personas muertas; 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio; y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamiento, amenazas y otras formas de intimidación.Desde entonces, el número de víctimas no para de aumentar.

Ante esto, la Coordinadora  de ONGD:

• Se solidariza con la familia de todas las víctimas y condena la violencia.
• Demanda a las autoridades españolas y europeas que intercedan ante el Ejecutivo nicaragüense para que ponga fin a la represión y busquen vías de diálogo para solucionar el conflicto.
• Pide al Gobierno de Nicaragua que cumpla con las siguientes recomendaciones de la CIDH:
  • Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.
  • Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
  • Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
  • Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
  • Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
  • Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.
  • Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
  • Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
  • Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.
  • Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
  • Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
  • Adoptar medidas para asegurar una investigación eficaz penal y administrativa de crímenes cometidas contra las personas heridas y lesionadas, así como las amenazas contra el personal médico. También deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.
  • Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
  • Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.
  • Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.

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Foto: Manifestación del pasado 30 de mayo en Managua. Jorge Mejía Peralta