Las cuentas públicas para 2018 presentadas por el Gobierno solo destinan el 0,22% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo

Artículo de Andrés R. Amayuelas,  presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, publicado en Planeta Futuro.

Hace poco más de un mes el Consejo de Ministros   aprobó el V Plan Director de la Cooperación Española. Las ONG —representadas en la coordinadora estatal y en las 17 autonómicas— nos opusimos a él.    Insistimos una y otra vez en que no contaba con una visión a largo plazo  ni un planteamiento que reflejase coherencia en torno a las políticas para el desarrollo sostenible, pese a enmarcarse discursivamente en la Agenda 2030; no reconocía suficientemente la importancia de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza y la desigualdad; padecía alergia al enfoque de derechos humanos y a la mejora de la eficacia de la ayuda, y no incluía una memoria económica.

Esta falta de dotación de medios y recursos tuvo que ser   reconocida por el propio ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Eso sí, Alfonso Dastis dejó una pequeña rendija abierta a la esperanza: deseó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fijan esa partida para 2018 reflejasen la “senda de crecimiento”.

Pues bien, ya están aquí los Presupuestos: el pasado 3 de abril el Ejecutivo hizo público el proyecto de ley de cuentas públicas. Y, casi una semana más tarde, pese a que la ley 23/1998 de Cooperación Internacional establece que ambos documentos deben presentarse conjuntamente, dio a conocer el informe Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Administración General del Estado. Propuesta PGE 2018”.

El análisis de los presupuestos para 2018 y del informe hacen añicos el optimismo del máximo responsable institucional de la política de cooperación. Una vez más, el Gobierno incumple; una vez más nos decepciona.

Juzguen ustedes mismos:

El Gobierno destina 2.602 millones de euros a AOD, un 0,22% de la Renta Nacional Bruta (RNB). El elemento positivo de esto es que suponen 151 millones de euros más que lo presupuestado en 2017, o lo que es lo mismo, un incremento del 6,2%, casi el doble de lo que creció la RNB. Ahora bien, a este ritmo tardaríamos 15 años en alcanzar el 0,4%, una meta con la que se comprometieron todos los grupos políticos —incluido el PP— para el final de esta legislatura.

Desde 2012 el esfuerzo de AOD ejecutada lleva por debajo del 0,2%. Este porcentaje —que representa lo que realmente se destina, no lo presupuestado— es el mínimo exigido por parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE para pertenecer al club de donantes. La media de la UE-15 es del 0,49%, según este organismo. El Gobierno podría replicar que hay una excepción: 2016. Y sería en parte, pero solo en parte, cierto. El dato oficial de ayuda ejecutada en ese año fue de un 0,33%. Pero hay truco: esa cifra se debió a una operación puntual y extraordinaria de   cancelación de deuda con Cuba. Sin esta, no se hubiera superado el 0,16%.

La condonación de deuda a Cuba explica en parte que en 2016 fuésemos campeones europeos de ayuda inflada. Un 54% de la AOD española cumplió con las normas del CAD para ser contabilizada como ayuda, pero no contribuyó genuinamente al desarrollo, según el   informe AidWatch 2017 de la Confederación Europea de ONG de Desarrollo y Acción Humanitaria.

Dentro de esta categoría de ayuda inflada entra una parte de lo que el Estado destina a personas refugiadas dentro de nuestras fronteras. En los PGE 2018 supone el 8,71% de la AOD de la Administración General del Estado. Evidentemente, no nos oponemos a que se destine parte de los presupuestos a la atención a estas personas. Es más, exigimos que estos fondos sean mucho mayores de los actuales. Lo que rechazamos es que estos recursos sean detraídos de Cooperación. Nos negamos a jugar a una perversa suma cero, en la que unos ganan lo que otros pierden. Un ejemplo de esto: el escaso incremento previsto en los PGE para Ayuda Humanitaria en los países donde se producen las catástrofes y conflictos. Se pasa de 17 a 19 millones. Hace 10 años, en 2008, eran 350 millones. Hoy son más de 65 millones las personas desplazadas forzosas, un dramático récord superior al de la II Guerra Mundial.

Las contribuciones obligatorias suponen cerca del 65% del total de la AOD. Es decir, más de la mitad del presupuesto se destina a contribuciones a la Unión Europea (1.081 millones) y a Organismos Financieros Multilaterales de Desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo (423,84 millones). El Gobierno está obligado, de ahí su nombre, a aumentar estas partidas si crece la RNB.

Los Presupuestos tienen truco. Como recordábamos, el CAD establece en el 0,2% de la RNB el umbral para poder pertenecer al club de países donantes. Según las cuentas públicas presentadas, en 2018 cumpliríamos ese requisito. Y, sin embargo, todo apunta a que esto se quedará solo en un anuncio, una promesa no consumada cuando se contabilice la ayuda realmente ejecutada. ¿Dónde está el truco? En un instrumento de cooperación financiera al que el Ejecutivo lleva años dotando de un presupuesto que luego infraejecuta, el Fonprode. En los presupuestos de 2018, la asignación para este Fondo para la Promoción del Desarrollo es de 199 millones, los mismos que el año pasado. Y, sin embargo, como han reconocido fuentes gubernamentales en el Congreso, solo está previsto gastar 60 millones.

La infraejecución no es su único problema. Desde 2013, los Presupuestos Generales establecen que solo pueden autorizarse con cargo a este fondo las operaciones de carácter reembolsable. Es decir, aquellas que no son donaciones o lo que es lo mismo aquellas que generan deuda externa en los países receptores. Este giro quedó además instaurado en una reforma legislativa en 2014 con la eliminación del límite máximo del 5% de AOD para este tipo de operaciones. No se planteó ningún nuevo tope.

Si alguna vez han oído que el Gobierno de España es el que más apoya a sus Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), sepan que esta afirmación no responde a la realidad o al menos no con Ayuda Oficial al Desarrollo. Ocupamos la decimosexta posición entre los 29 integrantes del CAD. La explicación es sencilla. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a pesar de su nombre, solo gestiona un 25,6% de los recursos de cooperación. De aquí, lo destinado a las ONGD suma un exiguo 4,7%. Si lo comparamos con el conjunto de la AOD de la Administración General del Estado, el porcentaje se reduce hasta el 1,1%.

La práctica totalidad de los fondos que gestionamos las ONGD no proviene de los Presupuestos Generales del Estado, sino de la ciudadanía, de nuestras aportaciones como socios y socias y del 0,7% del IRPF. Un ejemplo de esto: las cuentas públicas presentadas por el Gobierno solo incluyen 100.000 euros para convenios de cooperación en 2018. La orden de bases, publicada unos días después, prevé, sin embargo, 40 millones para este año y 160 millones en los próximos cuatro ejercicios. La diferencia sale de la apuesta por la Cooperación de miles de contribuyentes que decidimos marcar la casilla de Fines Sociales.

El Ejecutivo ha comenzado a hacer circular recientemente entre actores del sector el borrador cero de su primer plan de trabajo para la puesta en marcha de la Agenda 2030 en España. Este documento, cuya versión final se presentará ante Naciones Unidas en julio, identifica el V Plan de la Cooperación Española como una de las políticas palanca para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con estos presupuestos, nos tememos que esta voluntad del Gobierno acabará siendo otra decepción más.

 

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