Intervención de Andrés R. Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo – España en el “Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué queda por hacer?”

Nos deslizamos a toda velocidad y sin freno por una cuesta abajo que nos conduce a un preocupante destino: sobrepasar los límites planetarios y el colapso social y medioambiental.

Como afirmó el antiguo secretario de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, “somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza, pero la última que puede frenar las peores consecuencias del calentamiento global”.

Una de las herramientas de las que disponemos para cambiar de rumbo es la Agenda 2030. A pesar de sus debilidades y sus carencias, es una palanca capaz de paralizar y revertir la peligrosa tendencia destructiva. Su éxito dependerá de un compromiso y una acción decidida por parte de todos los actores, asumiendo sus responsabilidades comunes, sí, pero diferenciadas.

Como decía la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, Isabel García Tejerina, al inicio de la jornada, la ciudadanía española, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, la universidad, algunas empresas, varias comunidades autónomas y entidades locales han demostrado ya su determinación para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo en nuestro país. En sus respectivos ámbitos han dado pasos e impulsado procesos para articular transformaciones. Todos suman y todos contribuyen a este empeño.

La práctica totalidad de los grupos políticos del Congreso de los Diputados consensuaron y aprobaron el 12 de diciembre de 2017 una Proposición No de Ley para orientar la política del Gobierno en la definición de la estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda.

Desde octubre, además, el Grupo de Alto Nivel viene trabajando para diagnosticar el punto de partida del Estado español en la puesta en marcha de la Agenda, cartografiar las políticas que interactúan con los distintos objetivos e identificar puntos focales y políticas palanca que faciliten alcanzar las metas.
Quisiera agradecer al Grupo de Alto Nivel este trabajo y, en particular al embajador para la Agenda 2030, Francisco Montalbán, y su equipo, por el minucioso borrador cero del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030.

Ahora bien, a pesar de las distintas iniciativas y actuaciones, es necesario levantar la vista del horizonte electoral y comprometerse con la construcción de un país más decente en un mundo más justo, solidario y sostenible. Y, como se ha dicho en distintos momentos, no solo hay que predicar, sino que además hay que dar trigo. Es decir, demostrar esa voluntad en los presupuestos de las distintas administraciones.

Y aquí, sin meterme en otras políticas, recuerdo la reclamación de alcanzar el 0,4% de Ayuda Oficial para el Desarrollo al final de la legislatura. Esto sería un primer en el camino para alcanzar la meta 17.2 de la Agenda: destinar el 0,7% del Ingreso Nacional Bruto a la cooperación. Compromiso que, entiendo, asumió Mariano Rajoy en Naciones Unidas cuando en 2013 anunció en la Asamblea General de Naciones Unidas que en el momento que España saliera de la crisis se recuperarían los presupuestos de solidaridad internacional.

Otro aspecto que nos preocupa y nos ocupa es el de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, una cuestión que queda recogida un poco escondida, en la meta 17.14. “Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible”. Partimos de la convicción de que el alineamiento de las políticas públicas con la Agenda 2030 se da en tres niveles diferenciados, pero complementarios: 1) la acción doméstica; 2) la acción internacional; y 3) en garantizar que las políticas domésticas no tienen consecuencias negativas en otros países ni en bienes públicos globales.

Es importante comprender y asumir la complejidad de la Agenda y del reparto competencial entre las distintas administraciones para su implementación: Unión Europea, Administración General del Estado con sus distintos ministerios, así como administraciones autonómicas y locales. Y es importante que todas ellas asuman que deben apropiarse y asumir de forma conjunta la coherencia de políticas.

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