La entrada en vigor de esta ley favorece que las contrataciones públicas se hagan con criterios sociales y medioambientales. Otra de sus novedades son las medidas de apoyo a empresas de la Economía Social y Solidaria.

La contratación del sector público es una actividad relevante para la economía española, ya que representa cada año en torno al 13 % del PIB.  La nueva Ley 9/2017, del 8 de noviembre de 2017, que acaba de entrar en vigor el pasado 9 de marzo, introduce nuevos aspectos que permite y favorece que se consideren cláusulas sociales y ambientales para que las Administraciones puedan comprar de forma más responsable, con avances en la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad. Asimismo, se incluye por primera vez medidas de apoyo a empresas de la Economía Social y Solidaria, ya que  permite exigir a las empresas concesionarias o contratistas que los productos adquiridos o usados en los servicios públicos sean elaborados respetando los principios de  Comercio Justo  y los  Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Además, la nueva Ley posibilita a las entidades del sector público que no apoyen ni consientan que los bienes o productos que adquieren, especialmente aquellos que han sido producidos y/o fabricados en otros países, escondan situaciones de explotación laboral,  como las peores formas de trabajo infantil, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, el trabajo forzoso o la degradación medioambiental.

Un paso hacia la contratación responsable

Esta legislación es  el resultado de años de trabajo en la defensa de la contratación pública responsable, e incluye muchas de las enmiendas presentadas por REAS Red de Redes a los proyectos de ley presentados en diciembre de 2016. Por su parte, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) ha hecho una lectura muy positiva del texto aprobado.

El Proyecto de Ley da la posibilidad de exigir a las empresas que contraten con el sector público a que acrediten que durante la fase de producción o fabricación de sus bienes se garantizan condiciones laborales dignas basadas en las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ya en el preámbulo del Proyecto de Ley se indica que entre los objetivos de la contratación pública está favorecer el“respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo” lo que sin duda pone el acento en el importante valor instrumental que tienen las adquisiciones públicas para favorecer los Derechos Humanos.

Si bien es cierto que las consideraciones relativas al respeto hacia los Derechos Humanos o el comercio justo no son obligaciones para el sector público, su incorporación en la nueva ley no sólo invita a contratar de forma responsable, sino que además  ayuda a erradicar la incertidumbre jurídica que pudiera haber en relación a la consideración de este tipo de cuestiones por parte de los órganos de contratación.

Por otro lado, esta nueva ley ofrece a la sociedad civil organizada una herramienta para exigir  a las Administraciones Públicas estatal, regionales y locales que hagan una compra pública ética para favorecer la cooperación y solidaridad internacional.  Además, las organizaciones que trabajan con administraciones públicas pueden  encontrar en esta web , apoyo para incorporar en los pliegos objetivos sociales, éticos y medioambientales.

 

 

 

 

 

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