Artículo de Andrés Rodríguez Amayuelas , presidente de la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo en el blog 3500 millones, El País
El 4 de noviembre se cumplió el primer año de Gobierno de la XII Legislatura. Es el momento propicio, por tanto, para hacer una evaluación del desempeño del Ejecutivo en relación con las políticas sociales para erradicar la pobreza y la desigualdad. En un ejercicio de vigilancia ciudadana, la plataforma Polétika, formada por 10 organizaciones y redes, ha analizado y valorado la actividad ejecutiva y parlamentaria en las 11 temáticas: infancia, género, conflictos internacionales, sanidad, educación, cooperación al desarrollo, transparencia, cambio climático, fiscalidad y protección social. Las notas que ha recibido son seis insuficientes, cuatro necesita mejorar y un progresa adecuadamente, como consecuencia de un año de bloqueo de iniciativas, en la que parecía que iba a ser una legislatura de pactos y equilibrios políticos.
La plataforma valora algunos gestos como la subida del salario mínimo interprofesional en un 8 %, la aprobación de un Pacto de Estado contra la violencia de género, la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética, o la creación de la Comisión no Legislativa de Derechos de Infancia y Adolescencia. Pero lo hace alertando de que pueden quedar en simples declaraciones de intenciones si no van acompañados de una hoja de ruta clara y de dotación presupuestaria. Preocupan los nulos avances, cuando no retrocesos, en temas cruciales como en la iniciativa parlamentaria sobre la Renta Mínima para familias vulnerables, la falta de diálogo para elaborar una Pacto de Estado por la Educación o el incumplimiento flagrante del compromiso de acogida de personas refugiadas que escasamente llegó al 11 % de lo acordado.
Suspenso en cooperación para el desarrollo
Mariano Rajoy llegó al gobierno gracias a un pacto de 150 medidas con Ciudadanos en el que no había ningún compromiso en materia de cooperación para el desarrollo. El punto de partida, después de años de recortes, fue una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) raquítica y anómala comparada con los países de nuestro entorno. Ya lo había advertido la OCDE en su informe de pares de 2016 en el que además pedía revertir esta situación.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha hecho caso ni de las sugerencias de la comunidad internacional, ni de la sociedad española que viene reclamando la recuperación de esta partida en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco ha hecho caso de las iniciativas parlamentarias de los distintos partidos políticos que se han aprobado en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso. Ni siquiera de las planteadas para atender varias emergencias humanitarias.
Con un 0,21 % de Ayuda Oficial para el Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado 2017 el Gobierno se aleja de la ruta para alcanzar el 0,4 % en esta legislatura, como camino para alcanzar el 0,7 %. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) continúa su pérdida de protagonismo reduciendo sus recursos de AOD respecto al presupuesto anterior. Además, las cifras que maneja el Ejecutivo para los Presupuestos Generales del Estado para 2018 van en la misma línea de insignificancia. Mal presagio para el nacimiento del V Plan Director de la Cooperación Española, para el que el Consejo de Cooperación ha pedido altura de miras y recursos necesarios.
El balance de Polétika destaca como oportunidad la constitución de un Grupo de Alto Nivel para liderar la implementación de la Agenda 2030, así como haber fijado la fecha para comparecer ante Naciones Unidas y explicar sus prioridades en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También señala como insuficiente el Plan de Empresas y Derechos Humanos aprobado en julio, relacionándolo con la preocupación existente por parte de la sociedad civil ante la actitud de la Unión Europea de dificultar la redacción de un Tratado Vinculante de Derechos Humanos y Transnacionales.
Las organizaciones sociales que han realizado el diagnóstico reclaman al Gobierno de España que mejore su contribución para luchar contra la pobreza extrema y la desigualdad, dentro y fuera de nuestras fronteras, reconociendo y poniendo en valor el papel de la cooperación para el desarrollo, haciéndose eco de las demandas de la sociedad civil y cumpliendo con los compromisos internacionales. Para 2018 señalan que deben aumentarse los recursos de AOD, llegando como mínimo al 0,3 % de la Renta Nacional Bruta y destinando, al menos, 150 millones de euros para ayuda humanitaria.