Artículo de Marco Gordillo, publicado en Planeta Futuro.

Se cumplen dos años del nacimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El aniversario coincide con informes que certifican no vamos en la buena dirección: el hambre, según la FAO, aumenta por primera vez en 15 años y afecta a una de cada diez personas; 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna y el trabajo infantil afecta a 152 millones de niños y niñas. El planeta encadena 392 meses seguidos con temperaturas por encima de la media histórica. La brecha social en nuestro país vuelve a crecer y alcanza niveles obscenos: 58.000 nuevos ricos y 1,4 millones de pobres en cuatro años.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en su intervención en la Asamblea General de la ONU, alertó que la comunidad global estaba desintegrándose en conflictos, un nacionalismo creciente y la amenaza nuclear y denunció las siete amenazas que afectan al planeta – entre ellas las desigualdades económicas y sociales, el cambio climático o la violación sistemática de los derechos de las personas migrantes y refugiadas –.

En este panorama cientos de eventos en todo el mundo nos recuerdan que hace dos años 193 gobiernos firmaron un conjunto de acuerdos que se denominaron Agenda 2030. Se trata de una agenda de desarrollo que concierne a todos los países y que está formulada en torno a cinco ejes – planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas –, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas. La Agenda invita a una acción concertada para resolver o minimizar los graves problemas del actual contexto internacional: pobreza en sus múltiples dimensiones, desigualdad creciente y en picos históricos, desempleo y precariedad laboral, colapso climático-ambiental, degradación de la calidad democrática y de los derechos, procesos de concentración de poder y militarismo, reducción de los espacios cívicos y de participación de la sociedad civil, y retrocesos en los procesos emancipadores de las mujeres.

La Agenda propone avances importantes respecto a la agenda de desarrollo precedente – los Objetivos de Desarrollo del Milenio – y abre oportunidades para avanzar por la senda del desarrollo sostenible, la justicia social, la calidad democrática y las políticas públicas, los derechos humanos, la igualdad de género, la coherencia de políticas y las políticas de cooperación internacional. Sin embargo, su implementación no está exenta de riesgos: retardo en su puesta en marcha, irrelevancia política frente a otras agendas, la desconexión con la ciudadanía y los agentes clave, el no enfrentar los cambios profundos desde la raíz de los problemas sistémicos y caer en la tentación de una implementación oportunista de “traje a medida” o lavado de imagen.

Es una agenda política que está en disputa con otras propuestas que desde el status quo pretenden resolver dichos problemas por la vía del crecimiento ilimitado a cualquier coste social o ambiental, el ultranacionalismo y el ultraliberalismo económico, los acuerdos comerciales opacos, la carrera armamentística, la xenofobia y el cierre de fronteras.

Hoy su grado de apropiación por parte de gobiernos y actores sigue siendo bajo. Un informe realizado por la Federación de Plataformas de ONG de Desarrollo Europea (Concord) revela que el 70% de los países europeos no tienen estructuras de gobernanza definidas ni procesos de implementación en marcha. Solo el 30% de los países tienen marcos de seguimiento e indicadores y un 18% disponen de espacios específicos de participación de la sociedad civil.

La propia Comisión Europea viene demorando el ejercicio de sus responsabilidades en esta área, y en el último Consejo de junio los Estados Miembros demandaron la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible Europea para mediados del 2018. Además, 500 organizaciones de la sociedad civil europea exigieron en junio un sexto escenario para el futuro de Europa – frente a los cinco planteados por Juncker – basado en el desarrollo sostenible.

Situación de los ODS en España

Según el índice ODS elaborado por REDS en 2017, que establece niveles de cumplimiento de los 17 ODS en una lógica de semáforo, España ocupa el puesto 25 de 157 países. Cuando la lupa se pone sobre los países de la OCDE, entonces ocupa el puesto 23 de 34 y de los 17 objetivos tiene seis en rojo, seis en naranja y cinco en amarillo. Ninguno en verde. En este sentido, los datos sobre la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo, el mal comportamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero o la falta de una estrategia activa para la protección del océano, afectan a los resultados de España en relación a la escena internacional. Es pues urgente que España se ponga en marcha para acometer esta ambiciosa agenda si queremos un país más justo, inclusivo y sostenible.

El pasado día 28 Francisco Montalbán, Embajador en misión especial para la Agenda 2030, nos anunciaba la decisión del gobierno de crear un “Grupo Interministerial de Alto Nivel” para coordinar la Agenda 2030, dependiente de la Comisión Económica Delegada de Presidencia. Es una buena noticia, sin duda, después de dos años esperando a que el gobierno asumiese el liderazgo que le corresponde por haber firmado este compromiso. Una estructura interministerial y al más alto nivel nos coloca en una buena posición para comenzar a caminar. Lo primero y más urgente es un diagnóstico de nuestra situación, que nos muestre dónde estamos y qué tenemos que hacer para alcanzar los ODS, y que nos permita elaborar una auténtica estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo, que incorpore el ámbito de la política exterior y de las políticas domésticas. La estrategia ha de ir acompañada de indicadores exhaustivos, que nos permitan evaluar y medir en tiempo y forma los avances o los retrocesos. Y en paralelo generar una estructura de participación de los gobiernos regionales y locales, y de otros actores del mundo académico, el sector privado y la sociedad civil.

Pero seamos cautos con este anuncio y dejemos que el tiempo muestre su auténtico valor y significado. Por lo pronto, estemos atentos a tres cuestiones esenciales. La primera, que una Agenda cuya esencia es transformar la dimensión económica, para integrar armónicamente la dimensión social y la ambiental, dependa de la Comisión Económica Delegada de la Presidencia. Esto puede ser una oportunidad, pero también un riesgo. La segunda es que este Grupo de Alto Nivel no cuenta con ninguna asignación presupuestaria específica para sus funciones. Y la tercera, es que esta decisión gubernamental tiene que ver con el compromiso español de informar sobre sus avances sobre la Agenda 2030 en Naciones Unidas en julio del próximo año, es decir, dentro de 9 meses. ¿Estamos ante una decisión surgida de la convicción política de la Agenda 2030 como oportunidad de futuro? ¿O es más una cuestión de imagen y de oportunismo? Los próximos meses nos lo dirán. Mientras tanto, sigamos en guardia. Y trabajando.

 

 

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