19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,  marcado por un creciente número de crisis

La comunidad internacional, incapaz de respetar el derecho internacional humanitario y la protección de la población civil

 

  • Más de 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la guerra, a conflictos enquistados, violación sistemática de derechos humanos o emergencias climáticas
  • Más de 20 millones de personas, entre ellas 1,4 millones de niños y niñas, están al borde de la hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen
  • Los ataques a la población civil están a la orden del día; la violación sistemática de mujeres como arma de guerra, también
  • Los ataques al personal humanitario y a instalaciones de asistencia se han convertido en una práctica cada vez más habitual
  • La Unión Europea continúa su escalada de trabas al rescate de personas en el Mediterráneo. La firma de acuerdos con países que violan los derechos humanos y la imposición de códigos de conducta para las ONG pone en serio peligro la vida de miles de personas
  • Los países donantes eluden sus responsabilidades en materia de asistencia humanitaria. En un momento de graves crisis, asistimos un creciente incumplimiento de los compromisos de los gobiernos para aportar fondos destinados a la atención de la población civil
  • España no es diferente. El recorte de los fondos destinados a la ayuda humanitaria es escandaloso: más del 80% desde 2011. Urge un inmediato cambio en este sentido; los próximos Presupuestos Generales del Estado serán una oportunidad para ello.

 

El panorama internacional no es alentador. Un año más, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria viene marcado por violaciones sistemáticas del derecho humanitario internacional que suponen gravísimas consecuencias para la población civil. Según los últimos datos del Informe sobre Seguridad de Trabajadores Humanitarios, en 2015, se produjeron 287 ataques en los que resultaron muertas 107 trabajadoras y trabajadores humanitarios. Estos ataques no solo acaban con la vida de profesionales, acaban también con la vida de la población local y con las ya limitadas capacidades de atención humanitaria. Atentan directamente contra el derecho internacional humanitario.

La humanidad afronta graves y complejas crisis humanitarias. Los dirigentes políticos no solo tiran balones fuera y eluden sus responsabilidades sino que además, en muchos casos, echan leña al fuego. La actitud de Europa frente a la situación en el Mediterráneo está demostrando su falta de humanidad. El olvido de la situación que afronta 20 millones de personas al borde de la hambruna es clamoroso. Las amenazas que, de manera frívola, realizan Estados Unidos y Corea del Norte olvidan las graves consecuencias humanitarias que este tipo de declaraciones pueden tener sobre la población civil. Es urgente un cambio inmediato en las políticas internacionales que garantice que se cumple de manera estricta el derecho internacional humanitario y se asiste a las personas más vulnerables.

La asistencia humanitaria española: en mínimos históricos

En un contexto mundial marcado por graves crisis humanitarias, España reduce a su mínima expresión los fondos destinados a la asistencia humanitaria. El descenso alcanza el 80% desde 2015. Llama especialmente la atención el recorte en fondos gestionados por ONG: hasta un 97%; una situación muy alarmante ya que la gestión a través de las organizaciones supone un enorme diferencial a la hora de llegar a lugares remotos y atender a las víctimas más vulnerables.

“Los Presupuestos Generales del Estado deben revertir esta situación. Los fondos destinados a acción humanitaria deben aumentar hasta un 10% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo –que, por su parte, debe ascender hasta el 0,4% de la RNB hasta final de legislatura”, afirma Felipe Noya, vocal de Ayuda Humanitaria de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. No hacerlo significaría dar la espalda al compromiso asumido por el gobierno, en el marco de la Agenda 2030 y la Cumbre Humanitaria Mundial, por el que está obligado a atender a las personas más vulnerables y a garantizar que nadie queda en el abandono. Significaría, sobre todo, dejar atrás los derechos de millones de personas cuyas vidas están en riesgo; una situación que chocaría de frente con la candidatura de España al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 están a la vuelta de la esquina; la oportunidad también. Confiamos en que el gobierno sepa aprovecharla; por nuestra parte, seguiremos la vigilancia ciudadana y saldremos a la calle

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