Marco Gordillo y Marta Iglesias
Vocales de la Coordinadora de ONGD

        (Artículo publicado en Público)

Naomi Klein se mostró perpleja ante el impuesto al sol. Así lo expresó en su reciente entrevista con Jordi Évole. “No es que España deje de ayudar a quienes deciden poner paneles solares en su casa, sino que además les penaliza por hacer lo correcto”.

La misma sensación debió de tener Alejandro González, técnico zaragozano que, tras comprar seis células fotovoltaicas, no pudo mantenerlas por las cargas y peajes que le imponía la ley. Alejandro no lo dudó y lanzó en redes sociales una petición para que el gobierno eliminase el impuesto al sol. Con 250.000 firmas bajo el brazo, consiguió ser recibido en el Parlamento Europeo que ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo español.

La incoherencia de las decisiones políticas

El uso del carbón para producir electricidad sitúa a España a la cabeza de Europa en el crecimiento de emisiones. Las políticas del Gobierno incentivan las energías fósiles mientras ponen palos en la rueda de las renovables. Y esto no sólo tiene consecuencias sobre la vida de personas como Alejandro, sino que además degrada profundamente nuestro entorno y el planeta como un todo.

Paradójicamente, mientras se mantienen estas políticas, el pasado 11 de noviembre el Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de ratificación del Acuerdo de París. Un acuerdo que pretende reducir el calentamiento global. ¿Cómo se entiende tal incoherencia?

Los conceptos se crean para iluminar una realidad que no siempre es comprensible. En los últimos tiempos, ha surgido uno que puede sernos útil para entender mejor lo que intentamos explicar: la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible. Más allá del tecnicismo, lo que nos presenta es la urgente necesidad de que todas las políticas contribuyan a garantizar el desarrollo sostenible y que lo hagan con la participación de todos los actores implicados.

Cómo se lleva esto a la práctica y qué tiene que ver con Naomi Klein, Alejandro o el cambio climático. El año pasado, 193 países – incluida España – firmaron la Agenda 2030. Una hoja de ruta con 17 objetivos interconectados que deben guiar la acción de los gobiernos tanto en sus decisiones internas como externas. Todo un encaje de bolillos, con nudos y conexiones, que garantiza que todas las políticas caminan en la misma dirección. Este engranaje evitará que se socave por un lado, lo que se construye por otro. Es decir, evitará que se establezcan impuestos a las renovables que chocan frontalmente con acuerdos internacionales que persiguen proteger el planeta.

La lupa sobre las políticas

Como los compromisos puede llevárselos el viento, se han creado algunas herramientas para vigilar cómo se están asumiendo. Una de esas herramientas es el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. Una iniciativa que ayuda a evaluar si los países caminan en la senda del desarrollo sostenible.

El ránking de este índice sitúa a España en el puesto 13, pero si miramos el aspecto medioambiental desciende hasta la posición 44. Algo que parece importar poco a Mariano Rajoy, que anuló a última hora su intervención en la reciente Cumbre Mundial contra el Cambio Climático en Marrakech – la conocida como COP22.

El gesto de Rajoy muestra falta de visión y compromiso. La extrema situación medioambiental que vivimos afecta directamente a la vida de las poblaciones más vulnerables. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en 2050 podría haber 150 millones de refugiados climáticos. ¿Cuántas de las 25.000 personas que han perdido la vida en los últimos 15 años en el Mediterráneo eran refugiadas climáticas? Dar la espalda al cambio climático significa agudizar una de las peores crisis humanitarias de la historia. El Gobierno no enfrenta esta situación y además incumple los compromisos de acogida de población refugiada. En los últimos siete años ha dedicado 348 millones de euros a detenciones y repatriaciones, lo que supone siete veces más dinero que el invertido en derecho de asilo.

Europa, menos palabras y más hechos

La necesidad de avanzar en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 es también un reto para Europa. El Informe “El desarrollo sostenible está en juego – el tiempo apremia”, presentado recientemente por CONCORD, lo deja muy claro: vivimos un tiempo en el que no sirven las palabras, se necesitan decisiones claras y contundentes para avanzar hacia una Europa sostenible y solidaria.

Sin embargo, hay una enorme distancia entre el énfasis con que se apoyó la Agenda 2030 y la realidad. Por ejemplo, en sus páginas analiza las causas de la migración forzada, entre las que se encuentra la degradación del planeta –que afecta a las comunidades más vulnerables–. La respuesta de Europa ante tales retos ha sido incoherente. Se necesitan enfoques más amplios y de largo plazo que aseguren que el encaje de bolillos garantiza los derechos humanos.

El cambio climático es una responsabilidad colectiva. Los gobiernos deben poner en marcha estrategias y políticas que protejan nuestra casa común. España tiene una oportunidad crucial en esta nueva legislatura para tomarse en serio los acuerdos internacionales asumidos. Tal vez así activistas, como Naomi Klein, no se sorprendan tanto; personas, como Alejandro, no tengan que viajar a Bruselas; y millones de personas puedan vivir en sus hogares con esperanza en el futuro. Ya no hay excusas; el momento es ahora.

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