Informe Spotlight de CONCORD
El informe «El desarrollo sostenible está en juego – el tiempo apremia” de CONCORD no deja lugar a dudas: Europa no logrará cumplir con la Agenda 2030 en los próximos 14 años si no se adopta una estrategia completa de desarrollo sostenible, tanto en la UE y como en los Estados miembros. El informe, presentado hoy en Bruselas, pone sobre la mesa la necesidad de contar con mecanismos garanticen la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CDPDS)– es decir, que todas las políticas europeas contribuyan al desarrollo. Solo así podrán alcanzarse los objetivos marcados por la Agenda.
La mayoría de las políticas de la UE no contribuyen a esa coherencia. Así sucede, por ejemplo cuando utiliza fondos de desarrollo para contener la migración, cuando firma tratados comerciales que no garantizan los derechos humanos y ambientales o cuando no aborda el cambio climático con la ambición que exige.
Para ilustrar esta realidad, el informe de CONCORD se centra en cinco aspectos de las políticas de la UE. En su análisis, pone el foco en las buenas prácticas y los casos más negativos, y aporta recomendaciones para fortalecer unas y limar los otros.
1.La implementación de la Agenda 2030 implica revisar con profundidad las políticas actuales y avanzar en la necesaria coherencia entre unas y otras. El carácter universal e integral de la Agenda obliga a fortalecer las conexiones que existen entre sus objetivos, en lugar de abordarlos cada uno por su lado. Por ejemplo, con el fin de reducir el hambre –entre otras cosas- necesitamos actuar contra el cambio climático y garantizar una gestión sostenible del agua.
2.La Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible no puede ser la guinda del pastel. La perspectiva de desarrollo sostenible debe garantizarse desde el diseño de las políticas hasta su evaluación, pasando por su diseño, planificación e implementación. Además, en todo este proceso deben participar activamente todos los actores implicados. La UE no puede olvidar que tiene un compromiso legal en este sentido, puesto que el Tratado de Lisboa así lo recoge.
No se puede olvidar, por otro lado, que adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible obliga a “no dejar a nadie atrás”. Este principio, que conlleva un carácter político transformador, no podrá ser alcanzado sin la CDPDS.
El informe insta a la UE y a los Estados miembros a considerar la CPDS como un requerimiento legal. Por otra parte, señala que Evaluación de Impacto – que es el mecanismo de gestión de la CPDS – debería jugar un papel clave de manera que se asegure que los impactos de las políticas en el desarrollo sostenible están en todos los procesos de toma de decisiones.
3.Un área clave donde la UE debería afrontar cambios es en la producción y el consumo de alimentos. En este sentido, debe incorporar la perspectiva de la sostenibilidad, la justicia y la gobernabilidad. Con frecuencia, los países empobrecidos no pueden desarrollar su propio sector agrícola porque las políticas de la UE y otras grandes potencias son muy agresivas. Para evitarlo, la UE debería apostar por otro tipo de acuerdos comerciales que permitan que estos países aumenten y mejoren su producción de alimentos.
4.La nueva orientación de la política migratoria de la UE también contradice el principio de Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible. Un ejemplo de esto es el acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016, que implica políticas migratorias cada vez más restrictivas y que no garantizan los derechos humanos.
5.Por último, el informe subraya que «el crecimiento económico, si es sostenido, no es sostenible». El sistema de producción actual genera degradación ambiental y desigualdades.
*La información completa sobre el informe puede ser consultada en la web de CONCORD
ÍNDICE DE COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO. UNA HERRAMIENTA QUE SUPERA LOS LÍMITES DEL PIB
Una de las herramientas de medición de la CDPDS que recoge el informe es el índice que está impulsando la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo: el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. El ICPD es una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo, más allá de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).
Este índice hace un análisis, tanto de las políticas que contribuyen positivamente al desarrollo sostenible de un país, como aquellas que contribuyen negativamente -no solo en ese mismo país, sino también en relación a terceros países o en el conjunto del planeta. El ICPD muestra así el mapa completo del desarrollo sostenible.
El ICPD establece un ranking de países de acuerdo con la coherencia que tienen sus políticas en relación al desarrollo. Para este fin, el ICPD evalúa 133 países – 8 regiones- analizando 20 políticas públicas y 49 variables, agrupadas en cinco componentes: social, medioambiental, económico, global y productivo. Además, se introducen dos criterios transversales para el conjunto del análisis: el enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de género.
El ICPD permite establecer una clasificación con un valor comprendido entre 0 y 100. El primer puesto lo ocupa Dinamarca (89,60) y el último lugar le corresponde a Singapur (23,70). Austria ocupa la mediana posición, en el puesto 67.
España se sitúa en el puesto 13 del ranking, aunque solo está a unas décimas de descender al grupo de países con ICPD medio. Según evidencia este índice, España ocupa posiciones relativamente bajas en algunos de los componentes, como el social, y queda lejos de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia, que lideran el ranking. Estos países son una referencia mundial por su modelo de bienestar: destacan por los elevados niveles de recaudación fiscal y de reducción de la desigualdad mediante impuestos y transferencias.