Entrevista a Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora de ONGD. Originalmente publicada en Noticias Positivas

8 de febrero de 2016. Lejos de encontrar vías de solución, la mayor crisis de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial no deja de agravarse. Lo cual se debe en gran medida a la falta de voluntad política de las instituciones europeas y los países miembros de la UE, que siguen sin cumplir sus propios compromisos y acuerdos en materia de asilo y derechos humanos. Así lo afirman desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, cuyos responsables también avisan del peligroso incremento de las respuestas autoritarias y xenófobas como resultado de esta inacción y de la propia criminalización de las víctimas de la crisis.

En esta entrevista para Noticias Positivas, la presidenta de la coordinadora, Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, insiste en la necesidad de que Europa garantice rutas seguras para evitar más muertes y desapariciones de personas migrantes y refugiadas. Las cuales deben ser acogidas y tratadas de forma digna en nuestros países. En definitiva, la coordinadora nos está hablando de solidaridad, valor fundamental que siempre nos indica el mejor camino para afrontar cualquier crisis humanitaria.

En relación con la gestión europea de esta crisis de refugiados, ustedes advierten a la UE de que quien no aprende de su historia, está obligado a repetirla. ¿A qué momentos de la historia se refieren en concreto?

Nos referimos a la historia más reciente de Europa. Deberíamos observar con especial atención lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, entender qué decisiones políticas, qué discursos y criminalizaciones derivaron en un periodo tan terriblemente nefasto para la humanidad. Entender las claves que provocaron aquella infamia nos permitiría frenar la preocupante deriva hacia la xenofobia y la sistemática violación de los derechos humanos que se está observando. Cómo es posible que miles de personas que huyen de guerras, que no provocaron, y ejercen su derecho a solicitar refugio sean criminalizadas, maltratadas, y expulsadas por muros y alambradas… ¿Cómo es posible que algunos países les confisquen su dinero antes de derivarles a centros de internamiento, que las deporten o pinten las puertas de sus casas para diferenciarlas del resto? ¿Dónde están los valores fundacionales de Europa, aquellos que se erigieron firmemente para no volver a caer en los errores del pasado? Europa no está siendo capaz de dar respuesta a un contexto tremendamente complejo en el que la vida de miles de personas está en peligro. La UE no está actuando ni con justicia ni con solidaridad. Los discursos xenófobos que justifican este tipo de medidas, aunque aún residuales, van ganando terreno peligrosamente. Si no damos un giro de timón de manera inmediata, la historia nos pasará factura.

¿Se debe simplemente a un caso de amnesia histórica este incumplimiento por parte de la UE de las legislaciones y acuerdos de acogida que ella mismo abanderó en el pasado, o hay otros motivos adicionales?

Creo que los intereses políticos y económicos están primando sobre cualquier otra cosa. Es francamente perverso observar cómo los países se pasan la pelota de unos a otros, barajando cifras de personas como si fueran solamente números. Es inaceptable que la UE amoneste a Grecia y le amenace con suspender Schengen en sus fronteras si no contiene los flujos de la población refugiada. Es deleznable que se destine dinero europeo a construir muros y alambradas, a militarizar el Mediterráneo y no a la atención a personas refugiadas; un deber, por cierto, que la UE está obligada a cumplir tanto por convenios internacionales como por los suyos propios. La negación de auxilio puede ser considerada un delito. Por tanto, no se trata solo de falta de memoria; hay también mucha falta de responsabilidad y elusión de deberes.

¿Qué dramas podríamos evitar a las personas refugiadas con la simple aplicación de estos acuerdos impulsados en su día desde la propia UE y sus países miembros?

Si la UE cumpliera su propia legislación la situación mejoraría sustancialmente. En primer lugar, se facilitarían vías seguras que evitarían en gran medida la muerte de muchas personas que acaban confiando en mafias o arriesgando su vida por vías muy peligrosas. Evitaría también que muchos niños y niñas perdieran la pista de sus familiares o que las mujeres estuvieran expuestas a la violencia física y sexual.

Cumpliendo con responsabilidad con los planes de acogida acordados, uniendo fuerzas para coordinar los procesos de acogida podría garantizarse una vida digna para miles de personas que, además, enriquecerían en todos los sentidos nuestras sociedades.

Podría evitarse, como he señalado antes, el peligrosísimo crecimiento de discursos que justifican lo injustificable y, en cambio, fomentar la cultura de paz y convivencia.

Recientemente se ha sabido que 10.000 niños y niñas refugiados han desaparecido en Europa, según datos de Europol. ¿Podemos achacar algo tan extremadamente grave a la mera negligencia por parte de las autoridades europeas?

La negligencia de las autoridades europeas es una de las piezas clave, pero no la única. Las personas que llegan a nuestras fronteras huyen de gravísimos conflictos que los expulsan de sus hogares. Siria, Afganistán, Irak, Eritrea… son lugares en los que la vida diaria se ha hecho insostenible. Los distintos actores (gubernamentales y no gubernamentales) implicados en estos conflictos tienen también su parte de responsabilidad, como también la tienen las mafias que negocian con el traslado de estas personas en condiciones extremadamente precarias. La comunidad internacional, por su parte, debería tomar cartas en el asunto de manera inmediata, firme y sostenible a largo plazo. Que no se haya hecho hasta ahora da cuenta de un sistema internacional que hace aguas por muchos rincones.

Según la ONG Statewatch, la UE tiene la intención de sacar adelante una normativa que obligaría tanto a las ONG como a personas voluntarias a registrarse antes de presentar ayuda a migrantes y refugiados. ¿Esto qué significaría?

De salir adelante esta iniciativa, supondría una muy preocupante criminalización de quienes asisten a personas que lo han perdido todo y ejercen su derecho al refugio. No tiene sentido perseguir a quien está asumiendo la responsabilidad que le corresponde a la Unión Europea. No solo salvan vidas, también acogen a las personas y combaten firmemente los discursos que criminalizan a quienes son víctimas… Es surrealista. El propio Tratado de la Unión dice que “está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías”. Los valores fundacionales europeos están siendo tirados por la borda de manera flagrante y con total impunidad y con ellos miles de vidas.

¿Tiene también algo que ver con estos intentos de criminalización el relato construido acerca de las agresiones sexuales sufridas por mujeres en Colonia durante la pasada Nochevieja?

El relato sobre lo ocurrido en Colonia fue perverso y tremendamente torticero. La cultura de la violación se produce como consecuencia de un sistema patriarcal que concibe el cuerpo de la mujer como objeto de agresión. Esto es así en cualquier lugar del mundo. No se trata por tanto de hablar de nacionalidades, sino del sistema que permite y fomenta este tipo de situaciones. Dicho esto, creo que ese caso forma parte de un todo; de una vorágine de discursos criminales que ponen el foco en quienes son las víctimas. Cómo se explica, por ejemplo, que en el imaginario colectivo general predomine la idea de “invasión”, “avalancha”… cuando las personas que están llegando a nuestras fronteras representa en torno al 0,11% de la población total de la UE. El Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común, la vieja Europa –que da lecciones de humanidad al mundo– se encierra en su laberinto tras muros y concertinas mientras miles de niños y niñas desaparecen, miles de vidas se pierden… Junto a esas vallas se alzan otro tipo de barreras que, lamentablemente, se extienden muy rápido: la creciente criminalización de migrantes y personas refugiadas no es gratuita, intenta justificar lo injustificable. Por eso, la sociedad civil -y ciertos medios de comunicación, comprometidos con su función social- tienen una responsabilidad enorme a la hora de contrarrestar este tipo de discursos.

Ustedes advierten del claro avance de las políticas y propuestas xenófobas. Sin embargo, la sociedad civil europea sigue estando mayoritariamente a favor de ayudar a las personas refugiadas. ¿Cómo es posible que la solidaridad popular choque en no pocos casos con la intolerancia gubernamental?

De manera general, la ciudadanía es partidaria de garantizar los derechos de las personas migrantes e incluso en algunos casos se ha movilizado activamente para ello. Tenemos múltiples ejemplos de organizaciones sociales, voluntarios y voluntarias que están apoyando increíblemente en un contexto tan extremo. Si la humanidad, a lo largo de su historia, ha conseguido salir adelante ha sido precisamente por la solidaridad entre las personas y los pueblos. Ahora no es diferente; las muestras de solidaridad se están repitiendo en muchos rincones de Europa. No obstante, existen también, y no debemos negarlo –sobre todo para alertar sobre ello– algunas reacciones xenófobas tremendamente preocupantes. Reacciones que están siendo alimentadas precisamente por esos discursos de criminalización que derivan en una peligrosísima construcción de miedo hacia “el otro y la otra”. Como personas que habitamos un planeta común, que formamos parte de una misma humanidad, debemos mantener el compromiso solidario y desenmascarar a quienes justifican acciones injustificables. La tarea, en este sentido, me temo que va a ser muy larga y compleja.

¿Qué valoración hacen del papel de las autoridades españolas en esta crisis de los refugiados?

Le contesto con otra pregunta: ¿sabemos con certeza cuántas personas va a acoger España, cuántas ha acogido ya? En principio se ha comprometido a acoger a 15.000 personas refugiadas –lo que significa ni dos personas por municipio– pero, de momento, las últimas cifras hablaban de menos de 20 personas acogidas. Inaceptable. Por otra parte, ¿alguien conoce cuáles son los planes para realizar esa acogida? La opacidad en este tema está siendo indignante. Tal como ocurre con la Unión Europea, España no está a la altura de las circunstancias extremas en las que millones de personas se encuentran. Ni destina fondos suficientes, ni coordina propuestas con otros actores, ni pone en marcha planes que garanticen que los derechos de la población migrante y refugiada son respetados. Además, la frontera sur de nuestro país se ha convertido en un lugar en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y eso no solo lo denunciamos las ONG; la propia ONU ha pedido explicaciones reiteradas a España por la violencia policial en Ceuta y en Melilla y por las devoluciones en caliente. Se fletan aviones en los que deportan a personas a países que a veces ni siquiera son los suyos; se realizan redadas racistas; se mantienen con total impunidad los CIEs… Es lamentable que no seamos capaces de tener memoria y recordar cómo nos acogieron en algunos países cuando huíamos del nuestro. Los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia–en este caso, con otros y otras–.

Es evidente que esta crisis de refugiados, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, no se va a resolver a corto plazo. En conclusión, lo único que podemos hacer en este corto plazo es gestionarla de la manera más humanamente posible. ¿Pero qué podemos hacer además para conseguir que en algún momento pare la sangría?

En primer lugar, deben realizarse todo los esfuerzos necesarios para finalizar las guerras y eso pasa necesariamente por ejercer un control férreo sobre el comercio de armas. Es intolerable que, por ejemplo, la venta de armas de España a Arabia Saudí haya batido records históricos en los últimos tiempos.

Por otra parte, las negociaciones son esenciales para avanzar hacia la paz. Como decía Gandhi, la paz es el camino. Se ha demostrado, tanto en Siria, como en otros lugares con conflictos enquistados, que la solución no se alcanza a través del conflicto. Es cierto que los múltiples y complejos intereses que están por detrás de tales situaciones dificultan sobremanera la construcción de la paz. Pero también es cierto que hay una pieza fundamental con la que comenzar el camino: la voluntad política y el compromiso firme con los derechos humanos.

Mientras esa construcción se produce, evidentemente, hay que garantizar la asistencia humanitaria, el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y en esta tarea la sociedad civil, la ciudadanía en general, tiene una responsabilidad enorme no solo como actor protagonista de esa construcción, sino también ejerciendo una vigilancia activa sobre las decisiones políticas; sobre los medios de comunicación –cuyas narrativas no siempre son las más adecuadas– y sobre los discursos xenófobos. Lo que nos jugamos, como humanidad, es mucho.

Más información en el comunicado de la Coordinadora de ONGD: Mientras 10.000 niñas y niños están en paradero desconocido, Europa se plantea criminalizar a quienes asisten a la población refugiada

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