(Artículo publicado en el blog 3.500 millones, de ElPaís.es)

La realidad de la pobreza y las desigualdades es persistente. 2.800 millones de personas en el mundo viven en situación de pobreza, mientras la concentración de la riqueza cada vez en menos manos sigue creciendo, gracias al actual modelo económico.  Son cifras detrás de las que se ocultan las vidas de casi la mitad de la humanidad, el 70% de las cuales son vidas de mujeres. Son personas que carecen de lo más básicos de los derechos humanos, la alimentación, la sanidad, la educación… Todo ello en un planeta que consume más recursos de los disponibles, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico actual y el de las generaciones futuras y que alberga movimientos migratorios masivos y crisis humanitarias que se suceden de forma dramática. You can find more information about the fantasino legit.

Estos son los desafíos a los que tiene hace frente la política de cooperación al desarrollo, también desde España, que estos días se enfrenta a un importante examen internacional.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, el club de los 34 países donantes, pone ahora su mirada en nuestro país. Es un momento importante, no solo porque otros países nos están evaluando (en este caso Alemania y Gran Bretaña), sino porque las recomendaciones del CAD se convierten en la hoja de ruta que marcará la definición de las políticas futuras en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo.

La valoración que desde la Coordinadora de ONGD aportamos a este examen no retrata un alumno aventajado que ha hecho bien sus deberes. Al contrario, describe un proceso de desmantelamiento progresivo de la política pública de cooperación desde el punto de vista económico, institucional, y de ruptura del consenso político y social existente. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha sido la política pública que ha sufrido los mayores recortes en España, el 70% de su presupuesto, situando la AOD en el 0.14%, en niveles de 1989.

En el ámbito institucional las reformas emprendidas, lejos de mejorar la gestión de la ayuda, han contribuido al debilitamiento del peso político de los organismos especializados en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) ha pasado de gestionar el 49% de los flujos totales de AOD en 2011 al 28% en 2013.  Tanto el MAEC como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han perdido preeminencia en la gestión de recursos, pero sobre todo su rol político. Sus aspiraciones son ignoradas de forma permanente por Hacienda; no tienen ningún control sobre los fondos multilaterales de otros ministerios; y su papel en la gestión de FONPRODE se ha desvanecido.

En cuanto al papel de las ONGD, la recomendación del Examen de Pares de 2011  para que se definiera un marco de política de colaboración con la Sociedad Civil, con el fin de tener una relación más estratégica, aunque fue recogida por el IV Plan Director, todavía no se ha completado. Se ha perdido una oportunidad de capitalizar el potencial, la experiencia y los recursos que desde las OSC podemos ofrecer desde una diversidad de funciones no solo como proveedoras de servicios, sino como agentes de sensibilización, de control sobre la rendición de cuentas y de seguimiento de las políticas.  Los recortes también han afectado severamente a la financiación de las acciones de las ONGD y están teniendo un impacto serio en su capacidad para apoyar los procesos de desarrollo en curso. Desde 2.008 se han perdido 2.000 puestos de trabajo en el sector y el número de proyectos en el terreno ha caído de 6.200 a 2.200.

La Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) cuyo objetivo es velar porque otras políticas del Estado (económica, comercial, ambiental, etc.) no entren en contradicción con las políticas de desarrollo, presenta también serias debilidades tanto institucionales como estratégicas, que no reflejan sino la ausencia de voluntad política. A punto de terminar la legislatura, el Gobierno no ha publicado aún tres documentos clave: el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos (pendiente desde 2012), la Hoja de Ruta para la coherencia de las políticas sobre el comercio y la evasión fiscal (pendiente desde principios de 2014 ), y el informe de de CPD de 2015.

El contexto electoral abre esperanzas a la articulación de compromisos renovados, que permitan superar la anomalía histórica en la que nos encontramos, recuperando los niveles de recursos, la capacidad institucional, un marco adecuado de relación de las OSC con la administración, y situar la coherencia de políticas en el centro de la agenda de desarrollo sostenible. Una agenda con carácter universal que se espera sea aprobada en septiembre en la Asamblea General de la ONU. Para ello es preciso, entre otras:

· Recuperar el espíritu del Pacto de Estado contra la Pobreza  y que la política de cooperación sea asumida como política pública y de Estado, al margen de los vaivenes políticos, y  con participación del conjunto de actores implicados: Parlamentos, Gobiernos Locales, Organizaciones de la Sociedad Civil, sindicatos, universidades, empresas de economía social,…

· Situar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el centro de la acción de gobierno de forma que se eviten los impactos negativos en los derechos de la ciudadanía por parte de las políticas comerciales, energética, agrícolas, de migración o la fiscal.

· Renovar el compromiso con el objetivo del 0,7% como aportación española a la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades, y establecer una hoja de ruta que permita alcanzar el 0.4% al final de la próxima legislatura.

· Promover cauces de participación y un entorno facilitador para el ejercicio de la diversidad de roles de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

· Reforzar con recursos la voluntad política de mantener la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres como seña de identidad de la cooperación española.

Ayer tuvimos ocasión de compartir este análisis y estas propuestas con la delegación del CAD. A partir de la información recabada a lo largo del proceso, elaborarán un informe que será público en Enero. En ese momento, previsiblemente, contaremos con un nuevo gobierno tras la celebración de las elecciones generales. Los examinadores deberían tener en cuenta este hecho a la hora de redactar el informe, prescindir del tono consensuado y diplomático que suele presidir estos informes para avanzar recomendaciones contundentes que puedan tener un eco real en un gobierno recién constituido.

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