Proteger las inversiones de la industria o garantizar que los combustibles no compitan con la alimentación humana? El debate sobre los agrocombustibles alcanza la próxima semana un momento clave. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo deberá decidir sobre una política de transporte más sostenible, en la que los carburantes reduzcan su impacto social y ambiental. Coalición Clima [1], la Coordinadora de ONGD-España [2] y Plataforma Rural [3] han enviado hoy una carta los miembros de esa comisión reclamando valentía frente a las presiones.
“En el momento actual de las negociaciones, la posición de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) va a ser clave” explica la misiva. Es preciso “un acuerdo que reduzca todo lo posible la cantidad máxima de agrocombustibles permitida y contemple el conjunto de sus emisiones”. La posición del ENVI “será determinante para la negociación posterior con el Consejo y la Comisión Europea”, explican las organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción.
Los agrocombustibles son biocarburantes producidos con materias primas de origen agrario. Tienen impactos negativos sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria, y el acceso a recursos imprescindibles como el agua o la tierra. Sin embargo, persisten los sectores que los defienden como energías renovables y limpias.
Se habla de agrocombustibles de primera generación, los que proceden de cultivos alimentarios, y de segunda generación, cuya materia prima no son alimentos. Estos últimos pueden provocar igualmente impactos sobre el territorio y el medio ambiente.
Y es que cuando la tierra se usa para la fabricación de carburantes, desaparece la posibilidad de que ésta sea empleada para cosechar alimentos e, indirectamente, se fomenta la deforestación en otros territorios. Son los llamados cambios indirectos del uso del suelo (ILUC por sus siglas en inglés).
En 2012 comenzó el proceso de revisión de las dos directivas que promueven la producción y uso de agrocombustibles en la Unión Europea: la Directiva de Energías Renovables (RED) y la Directiva de Calidad de Combustibles (FQD).
La primera fase del proceso de revisión terminó en diciembre de 2014 con dos posiciones divergentes entre el Parlamento y el Consejo Europeo que se traducen, entre otros aspectos, en el porcentaje máximo de agrocombustibles de primera generación en el total de carburantes de energías renovables.
El Consejo priorizó la protección de las inversiones de la industria, incrementando el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación hasta el 7%. No fijó un objetivo obligatorio a los de segunda generación, y elimina la contabilización de ILUC. El próximo martes la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votará sobre la posición del Consejo Europeo. Las enmiendas que salgan de esa votación serán decisivas para la negociación entre las instituciones europeas y para la decisión final respecto a los agrocombustibles.
Los eurodiputados que pertenecen a esa comisión deben ser conscientes de que su voto influirá en el futuro. En su tejado está la defensa de la seguridad alimentaria y la reducción de gases de efecto invernadero.