En Guatemala, el 75% de la población tiene acceso a agua potable domiciliar y de ellos el 90% se ubica en el área urbana y el 60% en el área rural, la mayoría indígena en condiciones de pobreza. Sin embargo, según advierte Servicios para el Desarrollo (SER), organización que trabaja con Farmamundi, esta cobertura no garantiza la permanencia del servicio por las limitadas capacidades locales para la gestión del abastecimiento de agua, además, no siempre se obtiene agua de buena calidad. En el Día Mundial del Agua, las dos organizaciones que desarrollan esta línea en el país reclaman una mejor distribución del abastecimiento y una mejora de las condiciones de salubridad.

En este sentido, uno de los datos más alarmantes que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reporta y del que SER se hace eco es que “más del 90% de las fuentes de agua tienen contaminación bacteriológica, incluso residuos fecales provocando enfermedades diarreicas”, según informa Fabián Gonón, Director General de SER.

“Pese a que el estado guatemalteco ha ratificado la declaración de las Naciones Unidas que establece el agua potable como un derecho humano, la atención que presta al problema no es integral”, explica Gonón que recuerda que en el país “no se cuenta con una Ley Nacional de Aguas, ni con un ente regulador, lo que impide al Estado garantizar el derecho humano al agua. En vez de ello, nos encontramos con una serie de normas dispersas, sujetas a diferentes interpretaciones”. Como consecuencia, en su mayoría, las aguas residuales no son tratadas y los municipios descargan sus residuos directamente a los ríos y lagos, aumentando de forma alarmante la contaminación hídrica, causante de enfermedades gastrointestinales, de la piel y de transmisión por agua, como la hepatitis, las principales causas de la morbimortalidad, especialmente infantil.

En el área rural, muchas comunidades se abastecen de agua proveniente de ríos, riachuelos, nacimientos y pozos artesanales, sin darle mayor tratamiento y con muy poco apoyo de sus gobiernos municipales. “Esta situación empeora, por la poca disponibilidad del recurso hídrico en las zonas pobladas y en las regiones altas; además que el uso intensivo que se le da con fines lucrativos por parte de empresas nacionales y transnacionales, genera conflictividad social cada vez más crítica, tal es el caso de la explotación minera”, concluye el experto.

Ante esta situación, SER con el apoyo de Farmamundi, ha definido una estrategia para desarrollar la búsqueda de soluciones viables que las comunidades y sus gobiernos municipales y entidades locales de salud han emprendido. Uno de los elementos principales consiste en involucrar a las municipalidades en la implementación de estas soluciones, respondiendo a lo establecido en los códigos municipal y de salud, que responsabilizan a éstas del abastecimiento de agua.

Actualmente, Farmamundi desarrolla varios planes de abastecimiento de agua en Nicaragua y Ecuador. Hasta el momento en Guatemala, con SER, ha realizado varios proyectos en esta línea en San Antonio Sacatepéquez y San Lorenzo del Departamento de San Marcos, en el occidente del país, donde se han construido, mejorado y/o rehabilitados 63 sistemas de agua, en 84 comunidades, beneficiando a más de 56.000 personas. También se ha capacitado a 194 organizaciones gestoras del agua y a 84 Comités de Saneamiento (mayoritariamente de mujeres). Además, han construido más de 200 letrinas y 1.312 sumideros y fosas sépticas.

Compromiso municipal

De esta manera, la municipalidad, la comunidad y las dos organizaciones asumen compromisos políticos, financieros, técnicos y sociales para implantar soluciones al déficit de agua y saneamiento, que se inician firmando convenios de cooperación mutua, estableciendo responsabilidades definidas, como base para un trabajo conjunto y de toma de decisiones compartidas.

“Esto implica, comprometerse con acuerdos sustanciales que garanticen la participación y el empoderamiento local y municipal para la sostenibilidad de las soluciones”, matiza el director de SER, que asegura que el compromiso municipal parte de la incidencia política de la población, de su aporte financiero, de la asistencia técnica y de la incorporación en la estructura municipal de dependencias ligadas a la gestión del agua, así como de promulgar reglamentos y aplicar políticas municipales del agua, responsabilizando, a la vez, a los servicios de salud de la implementación y monitoreo de las acciones que garantizan la educación sanitaria y la potabilidad del agua.

Al respecto, el Alcalde de San Antonio Sacatepéquez, municipio del departamento de San Marcos, considera que “el trabajo de la municipalidad para llevar agua a las comunidades es importante y hay disponibilidad para realizarlo de manera conjunta con la población y con las autoridades comunitaria”. La realidad en Guatemala es que muchas comunidades rurales aisladas tienen grandes dificultades a la hora de abastecerse, un ejemplo es la comunidad de San José Río Hondo, recuerda Gonón, donde ahora los beneficiarios disponen de agua en las casas.

Para el director de SER, el empoderamiento de los actores locales, hombres y mujeres y de los gobiernos municipales, garantiza la sostenibilidad de las soluciones en agua y saneamiento, facilitando su implantación y puesta en práctica. Sólo de esta manera y disponiendo de un marco legal que regule su distribución y gestión, se terminará con las diferencias de abastecimiento y problemas de calidad  que causan grandes pérdidas económicas y ponen en riesgo la salud de la población.

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