Madrid, 7 de febrero de 2014. Ante las graves violaciones de derechos humanos a las que hemos asistido en los últimos días en las fronteras de Ceuta y Melilla, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo se suma a las denuncias realizadas por diversas Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con las personas inmigrantes y refugiadas.
Esta misma semana Prodein Melilla denunciaba la expulsión ilegal por parte de la Guardia Civil de personas en la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos. ONG como CEAR se sumaron a esta denuncia que pone negro sobre blanco una inaceptable violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado español.
Tal como CEAR recoge en su comunicado “Este no es un caso aislado, varios informes de instituciones nacionales e internacionales y de organizaciones la sociedad civil así como diversos medios de comunicación han denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de estas prácticas en las fronteras de Ceuta y Melilla así como las devoluciones a Marruecos, donde no se garantiza la protección de los derechos humanos de estas personas. Estas prácticas suponen una clara vulneración de la normativa española de extranjería y asilo (LO 4/2000 y LO 12/2009) y de la normativa europea (Directiva 2008/115/CE) e internacional que obliga a las autoridades españolas a garantizar el respeto al principio de no devolución, a facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional y a informar a los inmigrantes de su derecho a tener acceso a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial efectiva”.
“Desde CEAR hemos denunciado en numerosas ocasiones la ilegalidad de estas prácticas que, además de vulnerar los derechos enunciados anteriormente, impiden el acceso al procedimiento de protección internacional a potenciales personas refugiadas. A todo ello se suma el hecho de que Ceuta y Melilla se han convertido en “ciudades cárceles” en las que se niega el acceso a la Península a solicitantes de protección internacional, lo que está provocando que personas que solicitaron asilo renuncien a su solicitud y que algunas pongan en riesgo su vida intentando llegar hasta la Península. Todo ello representa un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España”.
Ante tales circunstancias, la Coordinadora de ONGD exige el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de la normativa nacional e internacional y la pertinente depuración de responsabilidades que casos de tal gravedad exigen. Recordamos que ninguna persona es ilegal y que el respeto por los derechos humanos debería ser uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad que se dice democrática.