Madrid, 21 de noviembre de 2013. La Coordinadora de ONG para el Desarrollo muestran su enorme preocupación ante el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que puede suponer, entre otras cosas, considerar como un “delito de integración en organización criminal” la convocatoria de una concentración o protesta a través de internet en la que se produjeran incidentes de carácter violento. También puede llegar a considerarse como “atentado contra la autoridad” la resistencia activa no violenta. Ambos casos podría llegar a ser castigados con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de hasta 600.000 euros
Como organizaciones de la sociedad civil, consideramos esta propuesta profundamente preocupante puesto que constituiría una restricción de libertades y derechos y una criminalización de las movilizaciones ciudadanas pacíficas que canalizan el descontento social y las demandas ante el recorte de derechos humanos que se está produciendo en nuestro país.
La defensa de los derechos humanos y la promoción de propuestas pacíficas que contribuyan al bien común forman parte de nuestra identidad ciudadana. Consideramos la no violencia como una forma legítima de transformación social; las propuestas no violentas son absolutamente necesarias para luchar contra la injusticia y construir conjuntamente sociedades justas y equitativas.
Ante esta situación, damos la voz de alarma y consideramos absolutamente necesario que, bajo ningún concepto, se olvide que:
- El derecho de manifestación está contemplado en la Constitución española, como también lo está la libertad de expresión
- La libertad de opinión y expresión también están recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
- La participación ciudadana es uno de los elementos claves para la salud democrática de cualquier país
- La fiscalización ciudadana de la gestión de lo público no sólo es un derecho, sino también un deber ciudadano que es inherente al ejercicio de la democracia. Las reivindicaciones no violentas contribuyen a la construcción de sociedades más justas y equitativas
El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana refuerza la tendencia actual a criminalizar a los movimientos sociales. Limitar la libertad de expresión de la ciudadanía puede aumentar la crispación social existente. Apostar por políticas que respeten los derechos humanos y las propuestas no violentas garantiza sociedades democráticas. Esperamos que el gobierno no lo olvide.
[ENGLISH VERSION]
Madrid, November 21, 2013. The NGDO Spanish National Platform is gravely concerned with the draft proposal for a Public Safety Act which could, among other things, consider organizing a public protest or concentration through the internet as a “crime of membership to a criminal organization”. This bill could also consider nonviolent active resistance as an “assault against authority”. Both cases could eventually be punished by imprisonment of two to four years and fines of up to 600,000 Euros.
As Civil Society Organizations, we consider this draft to be deeply preoccupying as it constitutes a restriction of rights and freedoms, a criminalization of peaceful citizen demonstrations and a constraint to legitimate expression of social discontent and demands for change, in the face of budgets which are currently taking place in our country and directly affect human rights.
The defense of human rights and the promotion of peaceful proposals that contribute to the common good are part of our civic identity. We consider non-violence as a legitimate form of social transformation; nonviolent proposals are absolutely necessary to fight against injustice and jointly build fair and equitable societies.
In this situation, we give the alarm and consider absolutely necessary and that, under no circumstances, the government forgets that:
- The Right to Protest is a Constitutional Right, and so is the Freedom of Expression
- Freedom of Expression and Opinion are also part of the Universal Declaration of Human Rights
- Citizen participation is one of the key elements for the democratic health of any country
- Citizen oversight of public service is not only a right but also a civic duty that is inherent in the exercise of democracy. Nonviolent vindications and demonstrations contribute to building more just and equitable societies
The draft proposal of this Public Safety Act reinforces the current trend to criminalize social movements. Limiting Freedom of Expression can increase the existing social tension. Making policies that respect, protect and fulfill Human Rights is a guarantee of de a democratic society.