Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar · Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
@Merche_RG
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar · Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
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El gobierno quiere que España ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2015-2016 y así lo manifestó ayer Rajoy en la Asamblea General de la ONU. La apuesta por situar a España en una posición internacional destacada contrasta con la pérdida de relevancia de la política pública de cooperación al desarrollo. Una política que, a pesar de contribuir notablemente al peso de nuestro país en el mundo, ha sufrido drásticos y desproporcionados recortes que la han llevado al borde del desmantelamiento.
La cooperación al desarrollo ha sido una importante seña de identidad de la presencia internacional de nuestro país, por eso nos resulta difícil entender que la política exterior pretenda situar a España entre los países más influyentes sin asumir las responsabilidades en la gestión de los asuntos globales, ámbito en el que la cooperación internacional para el desarrollo juega un papel determinante.
El gobierno ha elaborado un folleto para presentar la candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que bajo el título “Diálogo, Solidaridad y Compromiso” explica sus razones para ser un socio fiable que merece un asiento en el Consejo de Seguridad. Analicemos algunas de las afirmaciones que en él se presentan.
Se dice que “Nuestro objetivo primordial es la lucha contra la pobreza y la determinación en el logro del desarrollo humano sostenible”. ¿Qué coherencia tiene esta afirmación? La Cooperación al Desarrollo ha sido la política pública que mayor recorte ha sufrido en los dos últimos años: más de un 60%. Un descenso que nos sitúa en la cuarta posición por la cola de los países donantes, sólo por delante de Grecia, Italia y Corea. Sin embargo, para los máximos responsables de la cooperación parece que las cifras no son tan importantes; aseguran que da igual computar como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) un 0,15% que un 0,20% de la RNB, porque lo relevante es tener presencia en la esfera mundial. Pero, ¿esta presencia no debería incluir el cumplimiento de acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que obliga a España a prestar asistencia y cooperación? Qué credibilidad podemos tener frente a la comunidad internacional siendo el país de la OCDE que más ha reducido los fondos de AOD en el último año.
“Nuestro compromiso político permanece inalterado”. A la elocuencia de las cifras, hay que añadir otra cuestión no menos importante. El compromiso de España con la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, el derecho humano al agua y el saneamiento, la lucha contra la desertificación y el cambio climático o la seguridad alimentaria se ve cuestionado por la orientación de la política exterior y de cooperación. Los intereses económicos, comerciales y estratégicos con retorno positivo para la economía española están primando por encima de un enfoque basado en la erradicación de la pobreza y la defensa de los bienes globales.
En estos momentos, la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado que comienza a tramitarse en el Congreso; confirma que el foco de la Acción Exterior se sitúa precisamente en la defensa de los intereses comerciales y estratégicos, en la lógica de la llamada “Marca España”, dejando en un plano residual a la cooperación al desarrollo y, con ella, a las personas y sus derechos.
Si la candidatura de España al Consejo de Seguridad descansa realmente sobre pilares como la solidaridad y el esfuerzo en la lucha contra la pobreza y en la defensa de los derechos humanos, entonces la política de cooperación al desarrollo debería obtener el correspondiente apoyo político. En este sentido, la inminente tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 deberá garantizar un adecuado soporte financiero y alinear sus prioridades con las exigencias de una agenda global para el desarrollo sostenible.
“España es un país firmemente comprometido con la paz (…) apoyamos el desarme y la no proliferación de armas”. Cómo se entiende esta afirmación si tenemos en cuenta que el presupuesto para Defensa en 2013 aumentó un 24% más de lo previsto, tras la aprobación -en pleno agosto – de un crédito extraordinario de 877,33 millones de euros. Una cifra que, según datos de ATTAC, supone 2,4 millones de euros al día en armamento. ¿De qué tipo de paz y seguridad estamos hablando? Se afirma que “no es posible la paz sin la solidaridad, y que “la erradicación de la pobreza constituye un desafía para la seguridad global”, lo que necesariamente debería verse reforzado por un reconocimiento de las múltiples propuestas de la sociedad civil global que, desde numerosos países del mundo, trabaja interconectada a favor de la paz. Debería tenerse en cuenta también la trascendencia de la cooperación internacional como herramienta privilegiada en la prevención de conflictos y la construcción de entornos seguros.
“Promovemos la asistencia humanitaria allí donde sea necesaria”. Los fondos destinados a la acción humanitaria sufrieron un recorte acumulado 2012-2013 de un 86%, quedando en la exigua cifra de 12 millones de euros. Los datos, en este caso, hablan por sí mismos.
“La defensa y promoción de los Derechos Humanos es uno de los grandes pilares del acción de España en Naciones Unidas (…) ha sido el tercer país en ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. De nuevo llama la atención que a pesar de haber firmado ese Pacto, sea el Comité que cuida de su cumplimiento, quien recientemente le diera un buen tirón de orejas a España por incumplirlo. El último informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) considera las políticas de recorte implantadas por Rajoy como “responsables de llevar a la pobreza al 21,8% de la población española”.
Que España asuma un liderazgo en la gobernanza global será una realidad si se enfoca desde una visión coherente con la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la equidad; sólo así podrá otorgar consistencia a las “diez razones de un socio fiable”. Diálogo, sí; Solidaridad, también; Compromiso, siempre. Ahora bien, Diálogo entre los pueblos, de socio a socio, sin jerarquías ni imposiciones. Solidaridad global, apoyo y aprendizaje mutuo, cuidado de los recursos naturales y los bienes comunes, y protección de los colectivos más vulnerables. Compromiso con la ciudadanía, responsabilidad con la gestión de lo público, trabajo coordinado ante los problemas comunes y cumplimiento de los pactos internacionales.
Ojalá llegara un día en que la cooperación, entendida solo como trasvase de recursos económicos, no fuera necesaria porque hubiéramos alcanzado una justicia internacional en la que todos los pueblos pudieran vivir de sus recursos y en la que la cooperación fuera realmente de interdependencia solidaria en las relaciones de paz y de justicia.