Nota de prensa de la Acción Concertada 2013 de la Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa: «Una visión a largo plazo que pone a la economía al servicio de la sociedad»

Nota de prensa de la Acción Concertada 2013 de la Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa

Una visión a largo plazo que pone a la economía al servicio de la sociedad 

   Todo apunta, una vez más, que la crisis financiera que está viviendo el mundo y sus consecuencias van a dominar el paisaje económico, social y político durante este año. La Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa, aprovechando la experiencia de 31 países europeos, desea proponer un cambio radical. Nuestra visión es la de una sociedad en la que toda actividad económica de respuesta a las exigencias de la justicia y el bien común. Creemos que esta responsabilidad recae fundamentalmente en los miembros del gobierno, que deben de legislar y dotar de las estructuras necesarias para apoyar esta visión.

   No podemos olvidar que el sector financiero tiene que ponerse al servicio de la economía real, que tiene que estar al servicio de la sociedad, que a su vez existe para proteger y promover la dignidad y el bienestar de la persona humana. La alteración de este sistema de valores ve asegurado el futuro de las instituciones financieras a costa de las necesidades y el bienestar de las personas, de las familias e incluso de las generaciones futuras. A medida que se descubren nuevos escándalos financieros, se hace cada vez más evidente, que hemos permitido que este sector haya operado saltándose los límites que regulan aspectos primordiales de la vida social. Y cuando falla el sector financiero, la sociedad termina pagando un precio muy alto y la carga se distribuye injustamente.

   Una consecuencia positiva de la crisis ha sido la demanda pública de transparencia y de regulación independiente de la actividad financiera. Lo han reclamado activistas, denunciando los costes de secretismo y la falta de honradez en áreas como la fiscalidad y la comunicación de los beneficios en los países en desarrollo. Existe una mayor conciencia de que los países europeos están pagando un precio por haber fallado en la administración de estas prácticas. Aunque se reconoce la contribución positiva realizada por las empresas y la actividad financiera a la sociedad, el Gobierno debe garantizar que esta contribución sea justa y equitativa. A nivel global, los gobiernos deben obligar a las empresas a publicar sus cuentas sobre la base de cada país. Igualmente debe abordarse el problema de los paraísos fiscales si se quiere lograr un modelo económico más justo y sostenible para el futuro.

   En consecuencia, la Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa hace un llamamiento a nuestros gobiernos para:

     – Acordar y adoptar conjuntamente un Código de Conducta Ética que afecte a las instituciones financieras, que haga hincapié en la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos, la contribución fiscal y la justa distribución de los beneficios.

     – Revisar una conducta legal para establecer un cuerpo normativo internacional, independiente de las entidades financieras y con un fuerte énfasis en las consideraciones éticas. Identificar dónde se necesita mayor regulación – a nivel nacional e internacional – a fin de garantizar que la actividad económica se ajuste a las exigencias de la justicia.

     – Introducir una legislación que obligue a la divulgación completa y transparente de todos los aspectos de la actividad económica de las empresas, eliminando así la evasión fiscal y los paraísos fiscales.

     – Cumplir con nuestras obligaciones internacionales en el área de la justicia económica, manteniendo nuestro compromiso de asignar el 0,7% del PIB a la Ayuda Exterior al Desarrollo.

     – Introducir un impuesto a la especulación financiera internacional para financiar el desarrollo y las iniciativas de justicia social, según lo propuesto por la Comisión Europea en 2011, y aprobado por 11 países de la UE en enero de este año, donde estaría el cambio de acciones y bonos, gravados al 0,1%, y los contratos derivados, al 0,01%.

Isabel Cuenca Anaya

Secretaria General

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