Sector privado, financiación del desarrollo y acaparimientos de agua
Madrid, 15 de julio de 2015. La actual crisis que vivimos tiene una clara dimensión ambiental relacionada con nuestro sistema de producción, distribución, consumo y eliminación de residuos, así como con las desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos naturales en el mundo globalizado.
Relacionado con uno de los aspectos de la misma, desde el año 2008, a consecuencia de la crisis por el aumento del precio de los alimentos, se ha renovado el interés de ciertos sectores por la agricultura y la generación de energía, aumentando considerablemente las inversiones en países en desarrollo.Unida a esta tendencia, el agua se convierte en un elemento estratégico a través de la especulación con las producciones de alimentos básicos, tanto para el consumo humano, la generación de energía (a través de hidroeléctricas o para la fabricación de agro combustibles, entre otras), bebidas carbonatadas, insumo para las industrias extractivas, etc.
Así, los acaparamientos de agua, entendidos como situaciones en que actores asumen el control de recursos hídricos para su propio beneficio, privando de ellos a las comunidades y otras organizaciones locales, suponen una de las expresiones de un modelo de desarrollo económico en que la acumulación de capital está vinculada con el creciente control de recursos naturales abundantes y muy asequibles, entre los que están los alimentos, el agua y la energía. Esta tendencia supone una seria amenaza para la realización del derecho humano al agua, especialmente en los países en desarrollo.
En este contexto, consideramos importante alertar acerca de la relación entre acaparamiento de agua, sector privado y financiación al desarrollo.Teniendo en cuenta la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba, en la cual el papel del sector privado y de la inversión extranjera directa se consideran de especial importancia en la financiación al desarrollo, desde la Coordinadora consideramos importante remarcar que:
– Para garantizar el derecho humano al agua de toda la población y evitar los acaparamientos de agua, es fundamental priorizar el consumo doméstico sobre el industrial. Esta prioridad resulta imperativa en contextos de escasez. El rol del Estado debe ser el de priorizar y salvaguardar el derecho humano al agua de su población, protegiéndolo de aquellos intereses que ven el agua como un bien mercantil. El aprovechamiento del agua con fines comerciales y por encima del interés general de la población vulnera los principios sobre los cuales se sustenta el derecho reconocido en el año 2010 por Naciones Unidas.
– Las inversiones extranjeras directas o del sector privado relacionadas con la producción de alimentos, la generación de energía y con otras actividades productivas, deben realizarse bajo los límites de las inversiones responsables, entendiendo las mismas como aquellas que respetan los derechos humanos y legítimos de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, así como los usos existentes y potenciales del agua. Además, la inversión responsable es la que realiza una fiscalidad justa y transparente, incluyendo mecanismos propios o de terceros para evaluar y abordar las repercusiones económicas, sociales, ambientales y culturales en las comunidades, abordando las cuestiones de género y la edad, entre otros factores. Es por ello que, ante el aumento estratégico del papel del sector privado en la financiación del desarrollo, se considera fundamental contar con instrumentos vinculantes que regulen la relación entre el sector privado y los derechos humanos.
– El rol de la sociedad civil es clave para denunciar, monitorear y exigir el cumplimiento del derecho humano al agua frente a los intereses de las grandes corporaciones. Sin embargo, la sociedad civil ni puede ni debe sustituir el papel de los Estados. Además, en su cumplimiento la sociedad civil necesita de grandes apoyos debido al riesgo que conllevan: intimidación, persecución, criminalización de las protestas o restricciones informativas son elementos comunes en el desempeño de la sociedad civil que defiende los derechos humanos.
– El papel de los Estados es fundamental como responsables de las políticas de inversión pública, de regulación y de articulación del espacio necesario para la realización del derecho humano al agua. Por ello se hace imprescindible acompañar a los Estados para que cumplan con su obligación de proteger, respetar y garantizar el mencionado derecho