Artículo publicado originalmente en el blog (des)igualdad de eldiario.es (enlace)
El año pasado, realizando un trabajo periodístico en la cumbre de París con unas compañeras, tuvimos la ocasión de entrevistar a Marine Flank, especialista del cambio climático y desplazamientos del ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
Ella explicaba la relación creciente entre los conflictos y desplazamientos de poblaciones en países vulnerables y el fenómeno del cambio climático. Citaba el ejemplo de Siria: entre 2006 y 2011 se vivió la peor sequía de la historia reciente del país, que provocó un millón de desplazados internos, especialmente desde las áreas rurales donde se habían perdido las cosechas. Aunque no se puede atribuir al cambio climático la responsabilidad de un conflicto tan complejo, es indudable que éste está jugando un papel creciente de empobrecimiento y desestabilización.
Las palabras de Marine de aquel momento me hicieron reflexionar sobre las interdependencias y responsabilidades crecientes que existen entre los países, y de cómo la dirección de nuestras políticas energéticas, de defensa, de migración o fiscal tienen cada vez más relación – positiva o negativa – con los problemas de pobreza y desigualdad, y las crisis humanitaria o ambiental que enfrentamos hoy.
Llegando a España, en la primavera de este año – tras 10 años fuera –, saludé con entusiasmo el trabajo realizado por la plataforma 2015 sobre el índice de coherencia de políticas para el desarrollo. Es clave avanzar en metodologías que permitan medir el desarrollo de los países de forma más equilibrada, superando los límites manifiestos del PIB: no es lo mismo crecer exportando armas, estableciendo un paraíso fiscal o creando burbujas inmobiliarias, que fomentando la agricultura ecológica, las energías renovables o desarrollando el parque científico, por ejemplo. Además, me parecía que el indicador llegaba en un momento muy pertinente, ahora que la Agenda 2030 nos obliga a tener una visión más completa de cómo los países avanzan – o retroceden – respecto al desarrollo sostenible, internamente y en relación a los demás países.
La campaña electoral ha sido una oportunidad para tomar el pulso a cómo nuestros políticos lidian con estas cuestiones. La plataforma de vigilancia 2.0 Polétika fue clara en su valoración de los programas en cooperación al desarrollo: ningún sobresaliente y tres suspensos entre los cinco partidos analizados. No obstante, desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo nos hemos entrevistado con la mayoría de los partidos políticos para explicarles 10 medidas de la política de cooperación que queremos. La recepción fue muy positiva y todos ellos reconocieron la disfuncionalidad de una política de cooperación que está en el 0,13% RNB – cifras de los años 80 –, frente a una sociedad de profundos valores solidarios y frente a los desafíos actuales, la necesidad de normalizar recursos – alcanzando la media europea del 0,4% RNB-, y la importancia de la implementación de la Agenda 2030.
Además, la mayoría de los partidos comentaron la importancia de construir pactos de estado que den estabilidad a esta política, y de avanzar en la coherencia de políticas para el desarrollo. No obstante, y tal y como señalaba recientemente Javier Pérez de CIECODE – organización que ha realizado un trabajo de seguimiento de la actividad parlamentaria en materia de desarrollo y lucha contra la pobreza –, existen dos desafíos: por un lado, los partidos muestran un aparente consenso que disfraza importantes diferencias en las visiones sobre el papel que la cooperación y el desarrollo sostenible debe jugar en la estrategia de nuestro país; y por otro, el 90% de las decisiones sobre el desarrollo sostenible se adoptan fuera de los espacios tradicionales a la cooperación para el desarrollo – agricultura, industria, economía, etc. –.
Una vez conocido el resultado electoral somos muchos los que pensamos que este país se merece una política de cooperación y desarrollo sostenible de liderazgo, participativa, y que sepa estar presente de forma positiva en el mundo. Tenemos que estar vigilantes para ver cómo los futuros pactos de gobierno van a recoger estas demandas y también al primer pulso, que serán los Presupuestos Generales del Estado 2017. Tal y como comentaba recientemente Marco Gordillo – miembro de la junta directiva de la Coordinadora –: es crucial destinar a cooperación el 0,7%, pero también debemos alinear con los objetivos de desarrollo sostenible el 99,3% restante de la inversión pública.
Carlos García Paret es responsable de incidencia política de la Coordinadora.